María Gutiérrez, professora de religió catòlica a Finlàndia des de fa quasi 20 anys
jueves, 19 de diciembre de 2019
miércoles, 18 de diciembre de 2019
miércoles, 2 de octubre de 2019
martes, 1 de octubre de 2019
Dictamen sobre el proyecto de conversión de los profesores de religión católica en profesores de cultura religiosa
CULTURA RELIGIOSA, RELIGIÓN CONFESIONAL
Y PROFESORADO DE
RELIGIÓN CATÓLICA
Desde hace unos cuantos años se ha suscitado la posibilidad de introducir en el currículum de la enseñanza no universitaria un área o materia de cultura religiosa no confesional. Entre los defensores de esta posibilidad están, sorprendentemente, algunos colectivos de profesores de religión católica que, además, aspiran a ser los docentes titulares de esta nueva asignatura.
Esta propuesta nace de una
confusión inicial: cultura religiosa y religión católica (o de otras
confesiones), como antitéticas y no compatibles. Esta supuesta incompatibilidad
no es tal. Es posible la coexistencia en el currículum escolar de una enseñanza
de la religión como parte de la cultura con otra confesional. Lo que no es
posible jurídicamente es reconvertir al profesorado de religión confesional, al
margen de las vías establecidas para el acceso a la docencia, en titulares de
esta nueva asignatura no confesional de religión.
CULTURA RELIGIOSA COMO MATERIA
CURRICULAR
La introducción de una asignatura
de cultura religiosa como materia curricular de oferta obligatoria para todos
los centros docentes españoles es competencia del gobierno central. Lo puede
hacer al establecer el currículum básico a través de la correspondiente ley
orgánica de bases del sistema educativo (en este momento la LOE, Ley Orgánica
de Educación). Así como se han introducido las materias de “Cultura clásica” o
“Educación para la ciudadanía”, no hay ningún problema para que se introduzcan
contenidos de cultura religiosa no confesional.
La efímera Ley Orgánica de Calidad
de la Educación (LOCE, 2002), aprobada por el gobierno del Partido Popular, en
su disposición adicional segunda establecía un nueva área y materia denominada
“Sociedad, Cultura y Religión”, que tenía dos opciones, una confesional
(católica o de otras confesiones) y otra exclusivamente aconfesional y
cultural. Los padres podían elegir una u otra, siendo imposible renunciar a
alguna de las dos posibilidades, con lo cual se aseguraba una cultura religiosa
para todos respetando, a la vez, el derecho de los padres a elegir una
formación religiosa y moral acorde con sus convicciones. Los partidos de
izquierda bramaron demagógicamente contra esa opción acusando al gobierno de
querer imponer la enseñanza de la religión para todos.
Es importante tener en cuenta
este precedente y la reacción suscitada en el momento de proponer de nuevo una
solución parecida. En Catalunya el sindicato USTEC recurrió el desarrollo de la
LOCE porque obligaba a los padres a elegir entre un tipo de enseñanza religiosa
u otra, lo cual, según el sindicato, vulneraba derechos fundamentales recogidos
en los artículos 14 CE -a la libertad ideológica- y 16 CE -a la igualdad y a la
no discriminación- de la Constitución. El Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya dio la razón al sindicato.
Pero, ¿cómo se establecería la
docencia de esta nueva materia en los centros públicos? En el caso de la
enseñanza secundaria, se debería modificar el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria.
En los anexos de este decreto se especifican
las diversas especialidades del profesorado de enseñanza secundaria y las
materias asignadas a cada especialidad. Por lo tanto, en caso de introducirse
la cultura religiosa en el currículum, el gobierno o bien podría crear una
nueva especialidad de cultura religiosa o asignarla a alguna de las
especialidades existentes. Es muy difícil que el gobierno cree una nueva
especialidad para una sola materia que no sería impartida en todos los cursos
y, además, de enseñanza religiosa. Con casi toda seguridad se asignaría a la
especialidad de Geografía e Historia y/o Filosofía.
Pero, en ambos casos, la
capacidad docente para impartir esta materia (o cualquier otra) viene dada por
la adquisición de la correspondiente especialidad mediante concurso oposición o
mediante el procedimiento restringido a funcionarios de carrera que, además de
la especialidad por la que ingresaron en el cuerpo docente aspiran a otra nueva
especialidad (Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley).
A la vista de estas normas,
resulta jurídicamente imposible habilitar a los actuales profesores de religión
católica como docentes de esta materia no confesional. La capacidad docente de
los profesores de religión católica está restringida a la enseñanza confesional
y no deriva de la adquisición de una especialidad reconocida por el Estado.
Deriva simplemente de un nombramiento episcopal: la enseñanza religiosa será
impartida por las personas que, para cada año escolar, sean designadas por la
autoridad académica entre aquellas que el Ordinario diocesano proponga para
ejercer esta enseñanza (Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, art. III).
Numerosas sentencias de los
tribunales, incluso algunas por despido improcedente de profesores de religión
a los que se no se ha renovado el nombramiento episcopal, muestran el carácter
excepcional de este profesorado sometido a un estatus diferente al resto de
docentes. Los tribunales han reconocido plena capacidad a las confesiones
religiosas para nombrar a los profesores de religión confesional, como parte
del principio de libertad religiosa y de neutralidad del Estado. Pero, a cambio,
se circunscribe muy específicamente cual es la exclusiva capacidad docente de
estos profesores: la religión en su vertiente confesional.
Los actuales profesores de
religión deberían adquirir la especialidad docente habilitante para impartir una
materia no confesional de religión mediante el ingreso por concurso oposición
en los cuerpos docentes. Ningún gobierno se prestaría a aprobar un Real Decreto
que habilitara a unos profesores nombrados por una autoridad distinta a la del
Estado para impartir docencia en los centros públicos de una materia cuya
competencia no ha recibido la “venia docendi” de la Administración sino de un
obispo. La oposición de los sindicatos del profesorado sería mayúscula.
Pretender que esta posibilidad es viable es, sencillamente, no estar en la
realidad.
La pretensión sostenida por algún
colectivo de que la designación del profesorado de la materia cultura religiosa
se hiciera mediante un acuerdo entre el Estado y la Iglesia es jurídicamente
inviable por no decir inconstitucional, por lo siguientes motivos:
1) Desde
el momento que la enseñanza de la religión no es confesional deja de estar
protegida por el Acuerdo entre España y la Santa Sede (que solo se refiere a la
enseñanza de la religión católica).
2) La
materia cultura religiosa, como parte de currículum, se acoge a la legislación
básica del Estado y es inverosímil desde el punto de vista jurídico que en un
Estado no confesional la atribución de una materia del currículum sea
competencia de un acuerdo entre el Estado y la Santa Sede. ¡¡Es decir, objeto
de un tratado internacional!!
3) Y,
por último, pensar que la Santa Sede estaría dispuesta a una revisión del
Acuerdo para sustituir la enseñanza de la religión católica por otra no
confesional y, además, para recolocar a los actuales profesores de religión
católica es insostenible, ya que tamaña pretensión no puede ser objeto de un
acuerdo con la Santa Sede ni pertenece al ámbito del Derecho Internacional.
Tenemos, además, el precedente de
la LOCE, sobre la asignatura “Sociedad, Cultura y Religión”. La disposición
adicional segunda dejaba bien claro que la opción confesional se regiría por
los Acuerdos con la Santa Sede y, en su caso, con las confesiones religiosas,
mientras que la opción no confesional pasaba a ser una materia más del
currículum estatal como las demás.
ENSEÑANZA CONFESIONAL DE LA
RELIGIÓN
La incorporación de una materia
de cultura religiosa en el currículum no es algo difícil ni imposible, al
contrario, necesario como medio para combatir el analfabetismo religioso de las
nuevas generaciones. Pero eso no priva de que el sistema educativo ha de
responder al mandato constitucional: Los poderes públicos garantizan el
derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (CE,
art. 27.3).
La coletilla “de acuerdo con
sus propias convicciones”, añade un elemento que no puede ofrecer una
enseñanza no confesional de la religión. Las convicciones religiosas y morales
apuntan a una determinada confesión religiosa e ideológica. Si los
constituyentes hubieran querido que existiera en el currículum una enseñanza
religiosa no confesional no hubieran necesitado este artículo de la
Constitución. Lo que ampara la Constitución no es la impartición de una determinada
materia, sino algo más.
Y así lo entiende el Tribunal Constitucional en su sentencia de 10 de abril de 2018, precisamente sobre la
enseñanza confesional en el currículum escolar. En esta resolución el TC
reconoce la constitucionalidad de la enseñanza confesional precisamente como
derivada de los artículos 27.3 y del 16 de la CE que el tribunal considera
conectados entre sí. El deber de cooperación establecido en el art. 16.3 CE
encuentra en la inserción de la religión en el itinerario educativo un cauce
posible para la realización de la libertad religiosa en concurrencia con el
ejercicio del derecho a una educación conforme con las propias convicciones
religiosas y morales. Los Acuerdos entre España y la Santa Sede
son para el TC un factor más, pero no el más importante. Es decir, sin los
Acuerdos, los padres tendrían derecho a una enseñanza religiosa confesional.
Toda la sentencia entiende implícitamente que el mandato constitucional del
art.27.3 se refiere a enseñanza de religión confesional. Para una religión no
confesional no hace falta una sentencia del TC.
El Acuerdo entre el Estado
Español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales regula la
enseñanza de la religión católica. El preámbulo del acuerdo hace referencia
precisamente al derecho de los padres a que sus hijos reciban enseñanza
religiosa. Aunque el preámbulo no utiliza el calificativo “confesional”, ya que
sólo hace referencia al principio básico de libertad religiosa, en su
articulado se refiere constantemente a la enseñanza de la religión católica. Si
no fuera así, ¿qué papel desempeñan los obispos católicos para nombrar
profesores de religión no confesional o para establecer los currículums?
CONCLUSIONES
La introducción de una cultura
religiosa no confesional en la enseñanza no universitaria es probablemente una
necesidad. Además, es perfectamente posible en el marco legal y fácil: basta
con añadir esta materia en los currículums por la vía de la correspondiente ley
orgánica (incluso a través de los decretos de desarrollo curricular). Otra cosa
es si sería políticamente viable y permanente. Una materia no troncal como la
cultura religiosa puede estar hoy en el currículum y mañana, con otra ley,
desaparecer. Así ha ocurrido p.e. con “Educación para la ciudadanía”.
La existencia de esta materia no
es incompatible con la enseñanza de la religión confesional. La primera deriva
simplemente de la voluntad del legislador para introducir estos contenidos en
el currículum. La segunda deriva de los artículos 27.3 y 16 de la CE, sin
contar con otros referentes jurídicos (Tratados internacionales sobre de
derechos humanos, p.e.) y del Acuerdo entre España y la Santa Sede sobre
educación.
El Acuerdo de España y la Santa
Sede no puede ser el marco en donde acoger una introducción de la materia no
confesional de la religión. Un tratado internacional no se modifica fácilmente.
Pensar que, por ejemplo, España y la Santa Sede van a iniciar negociaciones
diplomáticas para modificar el artículo III con objeto de substituir el
nombramiento episcopal de los docentes de religión por una designación genérica
vinculada a una titulación es sencillamente inviable jurídicamente. Si se trata
de establecer unos requisitos académicos ¿para qué recurrir a un tratado
internacional? Si la religión ya no es confesional ¿qué pinta la Santa Sede
para pactar con el Estado unos requerimientos académicos sobre una materia que
ya no es religión católica?
¿Sería posible un cambio en el
estatuto curricular de la enseñanza religiosa en el marco de las competencias
de las comunidades autónomas? Sería posible en un marco muy limitado, pero sin
poder modificar la opción confesional y el actual estatus de los profesores de
religión católica. La definición del currículum básico y las condiciones
legales para el ejercicio de la docencia son competencias del Estado y
cualquier vulneración de las mismas por una comunidad autónoma sería declarada
inconstitucional.
Una comunidad autónoma podría
introducir la materia de cultura religiosa pero dentro de las materias no
troncales (“de libre configuración autonómica”). Pero la asignación de la
docencia de esta materia debe hacerse de acuerdo con el Real Decreto de
especialidades antes citado. El TC ha dictaminado claramente que la definición
de las especialidades corresponde en exclusiva al Estado (STC 213/2013, FJ 8),
respondiendo a un conflicto de competencias interpuesto por la Generalitat de
Catalunya. Por lo tanto, una CCAA no puede crear una nueva especialidad de cultura
religiosa no confesional. Sería inconstitucional. Tendría que asignar la
materia a alguna de las especialidades ya existentes, que solo poseen quienes
las han adquirido mediante el correspondiente concurso o concurso-oposición. Y
como la ordenación general de la función pública docente es competencia del
Estado, sería imposible legalmente que una CCAA pudiera conceder una habilitación
a un profesorado cuya capacitación viene legalmente restringida a una materia
muy específica (religión confesional) y en virtud de un Tratado internacional
que la CCAA no puede aplicar a su gusto.
El Acuerdo entre España y la
Santa Sede, así como las sentencias de los tribunales, especialmente del TC que
ha reconocido la constitucionalidad de la enseñanza religiosa confesional son,
hoy por hoy, el mejor y único blindaje para mantener la enseñanza de la
religión católica en el currículum escolar y asegurar su profesorado. Reabrir
el Acuerdo puede ser políticamente muy difícil y de consecuencias
imprevisibles. Hay que tener en cuenta que una parte importante de la izquierda
política y sindical, la CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres
de Alumnos) así como el llamado “Observatorio del laicismo” patrocinado por
Europa laica presionan para que se denuncie el Acuerdo y no precisamente para
cambiar la religión confesional por otra cultural. Ni la Santa Sede, ni la
Conferencia Episcopal ni los gobiernos quieren entrar en el tema y cuanto menos
se hable, mejor.
Lo que pueden hacer los
profesores de religión católica para mantener su puesto de trabajo sería
defender el actual statu quo (por cierto, muy favorable), exigir su
cumplimiento en todos los centros (cosa que dista de ser efectiva), facilitando
a los padres que así lo piden la enseñanza de la religión católica para sus
hijos y haciendo las correspondientes campañas para conseguir más alumnos.
domingo, 1 de septiembre de 2019
miércoles, 31 de julio de 2019
La mano derecha del Papa Francisco condena la "Cultura religiosa"
Por el Cardenal Mons. Ouellet (8/10/2008)
En el cuadro de un debate sobre “compromisos razonables” no se puede ignorar el cambio radical que el Estado de Québec acaba de introducir respecto al lugar de la religión en las escuelas.
Este cambio provoca el desconcierto y el enfado de muchos padres que se ven privados, en el nombre de una última reforma y de la modernización del sistema educativo de Québec, de un derecho adquirido. Sin tener en cuenta el primado del derecho de los padres y de su voluntad claramente explicitada de mantener la libertad de elección entre una enseñanza confesional y una moral, el Estado suprime la enseñanza confesional e impone un curso obligatorio de ética y de cultura religiosa en las escuelas tanto públicas como privadas.
Ninguna nación europea ha adoptado nunca una orientación tan radical que revoluciona las convicciones y la libertad religiosa de los ciudadanos. De aquí deriva el malestar profundo y el sentimiento de impotencia que muchas familias experimentan respecto a un Estado omnipotente que parece no temer la influencia de la Iglesia y que puede imponer su ley sin condicionamientos superiores. La suerte más escandalosa es la reservada a las escuelas católicas privadas que se ven obligadas por el juego de las subvenciones gubernativas a dejar al margen la propia enseñanza confesional a favor del curso impuesto por el Estado en todas partes y a todo nivel.
¿La operación de reenfocar la formación ética y religiosa del ciudadano por medio de este curso obligatorio llegará a salvar un mínimo de puntos de referencia para asegurar una vida común y armoniosa? Lo dudo y más aún estoy convencido de lo contrario, ya que esta operación se hace a costas de la libertad religiosa del ciudadano, sobre todo de la de la mayoría católica. Además está basada exclusivamente en un “conocimiento” de las creencias y de los ritos de seis o siete religiones. Dudo que los profesores, verdaderamente poco preparados para asumir este desafío, puedan enseñar con completa neutralidad y en modo crítico las nociones que son para ellos incluso menos comprensibles que sus propias religiones. Se requiere de mucha ingenuidad para creer que este milagro de enseñanza cultural de las religiones fabricará un nuevo pequeño habitante de Québec, un pluralista, un experto en relaciones interreligiosas y un crítico de todos los credos. Lo menos que se puede decir es que la sed de valores espirituales estará muy lejos de ser apagada y que una dictadura del relativismo corre el riesgo de volver más difícil la transmisión de nuestra herencia religiosa.
La cultura rural de Québec expone una cruz un poco por todas partes en el cruce de las calles. Esta “cruz del camino” invita a rezar y a reflexionar sobre el sentido de la vida. ¿Qué elección se impone a nuestra sociedad para que el Estado tome decisiones iluminadas y verdaderamente respetuosas de las conciencias religiosas de los individuos, de los grupos y de las Iglesias? A pesar de ciertos desvíos debidos a los estímulos recurrentes pero limitados del fanatismo, la religión sigue siendo una fuente de inspiración y una fuerza de paz en el mundo y en nuestra sociedad, a condición de que no sea manipulada por intereses políticos o perseguida en sus aspiraciones legítimas.
La reforma impone que la ley someta las religiones al control y a los intereses del Estado, poniendo fin a las libertades religiosas adquiridas por generaciones. Esta ley no sirve al bien común y no podrá ser impuesta sin que sea precipitada como una violación de la libertad religiosa de los ciudadanos y de las ciudadanas. No sería razonable mantenerla como ha sido emanada, ya que instauraría un legalismo laicista restringido que excluye la religión del espacio público. Los dos pilares de nuestra identidad cultural nacional, la lengua y la religión, están llamados históricamente y sociológicamente a sostenerse mutuamente o a derrumbarse juntos. ¿No ha llegado el momento en que una nueva alianza entre la fe católica y la cultura emergente vuelva a dar a la sociedad de Québec más seguridad y confianza en el porvenir?
Québec vive desde siempre de la herencia de una tradición religiosa fuerte y positiva, exenta de grandes conflictos y caracterizada por el compartir, por la acogida del extranjero y de la compasión hacia los más necesitados. Es necesario proteger y cultivar esta herencia religiosa fundada en el amor, que es una fuerza de integración social mucho más eficaz que el conocimiento abstracto de cualquier noción superficial de seis o siete religiones. Es importante sobre todo, en este momento, que la mayoría católica despierte, que reconozca sus verdaderas necesidades espirituales y se vuelva a ligar a sus prácticas tradicionales para estar a la altura de la misión que le es propia desde sus orígenes.
jueves, 27 de junio de 2019
Sessió informativa: docents amb contracte temporal 03/07/2019 (19h)
Sessió informativa
Docents de religió amb contracte temporal
Dimecres 3 de juliol,
19h (BCN)
SUI IURIS, Balmes 30, 2n 2a
Al costat del Seminari Conciliar de Barcelona
Sabies que, si estàs en una vacant de religió catòlica, tens dret a un contracte indefinit? I si estàs fent una substitució i el titular segueix de baixa a 1 de juliol tens dret a una indemnització?
El Reial Decret
696/2007 que regula la contractació dels professors de religió
especifica a l'article 4 que: <<La
contratación de los profesores de religión será por tiempo
indefinido, salvo en los casos de sustitución del titular de la relación
laboral>>. Per tant: si estàs ocupant una vacant, tens dret a
un contracte indefinit. Si no és així, el teu contracte pot ser en frau
de llei.
A Catalunya, des del 2007 fins al
2014, es va respectar aquesta normativa i quan agafaves una vacant, no et feien
un contracte temporal fins al 31 d'agost sinó que et feien un contracte
indefinit. Què
va passar al 2014? Que el Departament
d'Ensenyament, amb la connivència dels sindicats majoritaris de religió, va
treure una norma il·legal per estalviar-se diners en plena crisi. Es
tracta de la Resolució
ENS/1446/2014, de 19 de juny que diu al punt 5.2: <<Per als llocs de treball
vacants que siguin adjudicats el mes de juliol, la durada del
contracte serà d’1 de setembre a 31 d’agost>>. En
Dret existeix el que s'anomena el principi de
jerarquia normativa, és a dir, que una norma de rang inferior no pot
contradir una norma de rang superior, com és el cas.
Volem posar fi a aquest abús! Tenim un precedent
d'èxit! És el cas d'una mestra que va estar des del 2008 fins al 2012
(4 cursos seguits) amb 4 contractes temporals seguits (d'1 de setembre a 31
d'agost). L'1 de setembre de 2012, la van fer fora com a tants d'altres companys
de religió, però va portar el seu cas als tribunals: la van haver d'indemnitzar amb més
de 10.000 euros i ara té un contracte
indefinit. Pots llegir aquí la sentència.
Si et trobes en aquesta situació, i
vols que et deixin de trepitjar els teus drets, vine a la sessió informativa del
proper dimecres
3 de juliol, a les 19h (SUI
IURIS, Balmes 30, 2n 2a - Al costat del Seminari Conciliar de Barcelona).
Formulari afectats:
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